¿Afanes golpistas en el Perú de hoy?

A la luz de los acontecimientos políticos que tejen la vida nacional, cada vez más gente se pregunta en el Perú si no estará en marcha un nuevo 5 de abril. El antecedente concreto existe. Y el escenario general se le parece. El 5 de abril de 1992, en efecto, Alberto Fujimori -que gobernaba sin mayoría parlamentaria, que había prometido la aplicación de medidas progresistas para luego defraudar al electorado e imponer a la fuerza el modelo neo liberal, y que se sentía respaldado incondicionalmente por la Fuerza Armada que buscaba afanosamente consolidar sus posiciones mediante el exterminio de sus adversarios- le sacó la vuelta a la legalidad e impuso un régimen autoritario que le permitió encarar los problemas del país en función de los intereses del Gran Capital, aplicando lo que en su momento se conoció como “El Plan Verde” de los sectores más reaccionarios de la Fuerza Armada.. Aunque han pasado 15 años de aquellos sucesos, hay quienes no hallan mucha distancia entre lo vivido en esa etapa, los acontecimientos de hoy en el proceso peruano. El Presidente García tampoco tiene mayoría parlamentaria y su poder se afirma en una alianza con la derecha más reaccionaria y la Mafia que se hizo fuerte a la sombra de Fujimori y su entorchada ralea. Por eso le fue fácil aplicar un “ajuste” económico neo liberal y consolidar una estrategia genocida que venía de antes, desde que la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos tomara en el Perú la conducción de la lucha “antisubversiva” aplicando los esquemas de la “guerra de baja intensidad” tan caros a los manejos del Imperio. El Presidente García hoy se muestra preocupado por el escenario interno y por el externo. El primero, le luce soliviantado y arisco. Y el segundo, francamente adverso. Busca entonces enfrentar la crisis interna, medidas legislativas que le permitan aplicar la “mano dura” que le legalidad le cuestiona. Y procura también diseñar un comportamiento que lo encumbre como el aliado ideal de George W. Bush en una región en la que se perfila un ostensible deterioro de la influencia yanqui. Recientemente Alan García solicitó al Congreso de la República facultades delegadas para legislar en materia de Seguridad Nacional, Orden Interno y Terrorismo. El pedido fue aceptado, pero es claro que el Congreso, en su momento, podría “revisar” las normas y aún modificarlas si a su juicio, ellas tropezaran con la legalidad formal. Esto es algo que, sin duda, amosca a un Mandatario acostumbrado a imponer su estilo de gestión a cualquier precio. Por eso -porque se hallaba amoscado, es decir, inconforme, irritado y molesto- García salió lanza en ristre, aunque sin resultados prácticos, contra los cocaleros primero, y los trabajadores mineros después. Los dos conflictos se desarrollaron uno tras otro, pero no tuvieron, sin embargo, la secuela anunciada. Ambos, arribaron a soluciones conversadas en medio de un claro ascenso de la lucha de masas que rebasa los cartabones oficiales. Y el gobierno debió aceptar las cosas porque no tuvo otra salida. Objetivamente, la estrategia norteamericana para enfrentar el tema de la coca ha fracasado estrepitosamente en el Perú. Las cifras lo demuestran. En el 2005 la extensión de los cultivos de coca abarcaban 31 mil hectáreas, y en el 2006, 42 mil. En el 2005, se producían 239 toneladas de coca por Hectárea, y en el 2006, 245 toneladas. En el 2005, el costo de la cocaína procedente del Perú, puesta en Estados Unidos, se situaba en los 3,585 millones de dólares; y en el año siguiente en 3,675 millones. El “boom” va en aumento, porque las cifras del 2007 no permiten hasta hoy optimismo alguno. Y el “boom” minero, aunque de otras connotaciones, no admite diferencias sustantivas. Para los trabajadores, jornadas “atípicas”, es decir de 12 y 14 horas diarias, sistema de “Sérvices” que dejan a los obreros fuera de planillas, contaminación genocida -el 96% de los niños menores de 11 años tienen los pulmones atravesados por Plomo, dicen los informes oficiales referidos a La Oroya, la zona minera por excelencia administrada por la norteamericana Doe Run-,. Y para los empresarios mineros, sobreganancias que rebasan todos los records en la materia porque hoy el Perú es el quinto productor mundial de oro y el segundo de plata. Doblegar a los cocaleros que defienden lo suyo y a los mineros que ganan apoyo social, no le resulta fácil a un gobierno cuyo respaldo principal viene de las empresas y del Gran Capital. Por eso, adoptar medidas de fuerza y quebrar la resistencia popular constituye una “salida” para quienes viven obsesionados por “el orden” y la “producción”. Como si quisieran apuntaran a cerrar próximamente el Congreso de la República, se ha iniciado en el país una ofensiva feroz destinada a demostrar a la gente que el Congreso es una entidad corrupta y que sus integrantes -los parlamentarios- no sólo que son privilegiados, sino también detestables. Y como los hay, por cierto, está a la orden del día el proceso de desafuero a numerosos legisladores. Pero la cosa no quedará ahí. Luego vendrá la legislación represiva y después ella se complementará con una práctica autoritaria ya conocida en el Perú. De ese modo, estarán listas las condiciones para imponer, a partir de nuevas bases, un régimen de terror contra el pueblo. Preparado las condiciones se maneja la idea de un “resurgimiento” del terrorismo. Numerosas banderas rojas fueron colocadas a lo largo de la extensa carretera longitudinal de la selva -“La Marginal”- desde hace varios años celosamente custodiada por efectivos militares. Y sospechosos “atentados terroristas” ocurrieron en distintos lugares. Un modo práctico de advertir a la población acerca de una “amenaza” latente que hay que doblegar a cualquier precio. En ese marco, García parece tener la “mayor comprensión” por parte de las autoridades norteamericanas. Pero, además, ese apoyo se complementa dulcemente con el Tratado de Libre Comercio que, según parece, quedó ya confirmado en Washington. La reciente presencia en el Perú de John Negroponte y Thomas Shannon -los más elevados funcionarios norteamericanos luego del propio Bush y Condolezza Rice- constituyen un negro augurio para nuestro pueblo. Después de todo, ellos alentaron a los regímenes de fuerza de Centroamérica surgidos al calor de la agresión armada contra los procesos revolucionarios y populares de la zona. Nada resulta, entonces, descartable en el Perú de hoy.